Durante la exposición de los alegatos finales, los representantes del Ministerio Público argumentaron la absoluta imposibilidad física de que el
Durante la exposición de los alegatos finales, los representantes del Ministerio Público argumentaron la absoluta imposibilidad física de que el exlegislador haya asistido a las clases presenciales de la carrera de Derecho en las filiales de Luque o Ciudad del Este. La Fiscalía respaldó su postura demostrando que, en el periodo lectivo en cuestión, Rivas residía en el distrito de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, y cumplía un horario laboral presencial en la Gobernación de Itapúa, lo cual resulta completamente incompatible con el régimen de asistencia declarado.
A la superposición geográfica y laboral se sumó la ausencia total de respaldo documental que acredite su trayectoria académica en la Universidad Sudamericana. Los fiscales remarcaron ante el tribunal la inexistencia de actas de examen, registros oficiales de asistencia, historial de conformación de mesas examinadoras y severas contradicciones en torno al proceso de elaboración y defensa de su tesis de grado, elementos indispensables para validar la emisión de un título universitario.
El cuadro probatorio presentado en la sala de audiencias se vio reforzado por los testimonios de múltiples egresados de la misma institución y promoción. Los testigos declararon de manera uniforme no haber visto jamás al acusado en las aulas, no haber compartido materias con él ni haber escuchado su nombre durante el llamado diario de asistencia, desarmando la versión sostenida por la defensa técnica del exsenador.
Como derivación del debate oral, la Fiscalía solicitó la remisión de los antecedentes para investigar por presunto testimonio falso a Aurelio Marecos (excoordinador de alumnos y docentes), Mario Antúnez (docente), Victorina Elizeche y Ever Rogelio Ortiz (exalumnos), y a Hermann Weisensee, exasesor jurídico, exvicerrector y posterior rector de la casa de estudios. Asimismo, se pidió investigar a la auditora Nilda Rosa Rojas Melgarejo por posible frustración de la persecución penal, luego de que admitiera no haber verificado las actas originales ni los registros de exámenes.
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