Suman las irregularidades en el contrato de G. 12.169 millones (más de US$ 2 millones) que el SNPP, dependiente del Ministerio de Trabajo, firmó con la empresa Laya Construciones SA para el servicio de limpieza. Tras 5 meses de trabajo, recién ahora la empresa gestiona el seguro del IPS a las limpiadoras.
En vez de velar por el cumplimiento de las leyes laborales, el Ministerio de Trabajo, a cargo de Guillermo Sosa, es el primero que incumple. La semana pasada ABC Color publicó la denuncia de que limpiadoras del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), institución que depende del Ministerio de Trabajo, no cobraban sus salarios desde marzo. Dichas limpiadoras forman parte del plantel de la empresa Laya Construcciones SA, cuya responsable es Elena Ayala Moreno.
Tras la denuncia del atraso en el pago de salarios, el ministro Guillermo Sosa intentó minimizar el tema cuando que en realidad debería haber sancionado a la empresa de limpieza.
Luego saltaron otras irregularidades como por ejemplo, la aparición de nombres de parientes y de funcionarios del SNPP en la planilla de limpiadoras, lo que supone un esquema de planillerismo dentro del jugoso contrato, manejado incluso por quienes ya fueron acusados anteriormente por la misma razón.
Pero lo más grave de este caso es que el pasado viernes, las limpiadoras fueron notificadas de que debían realizarse un chequeo médico para el “acceso” al seguro de IPS. Es decir que las trabajadoras de Laya Construcciones SA a la fecha no cuentan con el seguro médico y social, a pesar de habérseles descontado y habiéndose ejecutado ya cinco meses del contrato. El SNPP debió verificar, antes de adjudicar un contrato de US$ 2 millones, el cumplimiento de dicho requisito obligatorio para todas las empresas.
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