El Ministerio Público concluyó su segundo día de paro escalonado por la posible pérdida de G. 73.000 millones de las tasas judiciales que determinarán el cierre de varias unidades especializadas porque el dinero es utilizado para alquileres.
Ayer, los funcionarios tomaron la determinación de parar las actividades desde las 10:00.
La fiscala delegada de la Unidad Especializada de Trata de Personas y Explotación Sexual, Teresa Martínez, advirtió que la Unidad puede cerrarse, además del Centro de Atención a Víctimas porque dependen del rubro de tasas judiciales.
El Poder Judicial pretende quedarse con el 100% de las tasas judiciales y para ello presentó un proyecto de ley, cuyo estudio fue postergado. Para el efecto, sus funcionarios sindicalizados realizan un paro escalonado y el 30 de abril irán a huelga general.
El Ministerio Público hasta ahora recibe el 12,27% de lo recaudado en tasas, que le significan unos G. 73.000 millones utilizados en alquileres y rubro combustible. Es por ello que hay un abierto apoyo a la medida de fuerza mientras se garantizan los servicios básicos como mesa de denuncias, labores forenses y presentaciones que tienen que ver con los plazos procesales de causas.
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