Por invitación de la Comisión de Industria y Comercio, así como de la Comisión de Energía del Senado asistimos a una audiencia pública hace unos días para opinar sobre este proyecto de ley “que fomenta la utilización de recursos renovables con fines energéticos”.
Ya en la exposición de motivos del proyectista quedó clara la intención de fomentar la inversión público–privada; uno de los motores del desarrollo en los países con economía descentralizada. Muchos quedamos gratos con la idea.
Sin embargo, como en Paraguay existe una fuerte intromisión del Estado en la economía en general, las solas palabras “inversión privada” o desregulación ya crean escozor en los actores con dependencia del sector público.
Si Paraguay despega lo hará con las inversiones privadas, con las ciencias y tecnologías, con las patentes y descubrimientos y con la libertad económica. Es por ello que, más que una nueva ley de difícil aplicación, urge un cambio de paradigmas en los administradores.
Si una tercera parte de la población paraguaya se encuentra en la pobreza, es necesario hacer una profunda meditación de lo que tenemos actualmente y por sobre todo hacia dónde vamos. Urge una reforma general del Estado, y estas reformas tendrán que iniciarse por el lado de la educación y la salud.
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