Nuestro país vive uno de sus momentos más delicados en cuanto al control de las instituciones y su fortaleza, lo que es imprescindible para el funcionamiento del Estado de Derecho. La matanza y,...
La matanza y, en general, la delincuencia recrudecida en el departamento de Amambay –que por cierto, ya no es el único lugar donde los sicarios actúan a sus anchas con protección policial, cuyos efectivos son aparentemente asalariados de los grupos de narcotraficantes–,nos pone frente a la terrible realidad de una criminalidad y violencia en aumento.
Tan solo en los últimos días se han reproducido violentos hechos delictivos, como el asesinato en manos de sicarios de dos personas en plena fiesta de fin de año en Pedro Juan Caballero, en donde también resultaron heridas dos mujeres. Otro asesinato atribuido también al sicariato se registró en Capitán Bado, mientras un intento de secuestro express fue abortado por la policía, y otras dos personas fueron asesinadas en otro secuestro similar, ambos casos en Yby Yaú.
Como puede verse, la seguridad de las personas está seriamente dañada en el norte del país, que se ha convertido en poco menos que tierra de nadie. Es la única interpretación que puede tenerse, cuando se visibilizan también otros hechos, como asesinatos en la vía pública, o delincuentes perseguidos en el Brasil que utilizan como guarida nuestro territorio.
Y, para completar el panorama, el viceministro de Seguridad Interna, comisario general (R)Pablo Ríos, admitió no hace mucho en declaraciones formuladas a la prensa que “La Policía para cargar combustible tiene que pedirle a un narco”. ¡El narcotráfico financiando logísticamente a la Policía, admitido por una alta autoridad! La realidad supera a la ficción.
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