El Senado analiza mañana el proyecto de Ley General de Tránsito y Seguridad Vial que elimina la Opaci, organización controlada por colorados vinculados al cartismo. Esta ONG recauda G. 30.000 millones por año en concepto de perforación de licencia de conducir y transferencia inmobiliaria en todo el país. La Cámara Alta eliminó, pero Diputados votó para que siga el chantaje.
Miembros de la Asociación “Ya estamos cansados de sus leyes”, advierten a la ciudadanía que sigan atentos a la sesión ordinaria del Senado, que trata mañana el proyecto de ley “que ratifica la sanción inicial dada al Proyecto de Ley General de Tránsito y Seguridad Vial”. El debate central girará en torno a ratificar el punto que elimina las facultades de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci ), con lo cual le despojarán de su arbitraria atribución de cobrarle al ciudadano por expedición y renovación de registros de conducir y transferencia inmobiliaria.
El Senado ya eliminó esta atribución inconstitucional en marzo de 2016, pero los diputados colorados mantuvieron este chantaje. Ahora la Cámara Alta tratará la propuesta en segunda vuelta y necesita 23 votos (de un total de 45) para ratificarse. De no conseguir, queda firme la decisión de Diputados que consiste en proseguir con el cobro indebido.
Esa organización estaba siendo manejada por “el clan Núñez”, de Villa Hayes conformado por los hermanos colorados Basilio (actual ministro-asesor de Horacio Cartes), Ricardo (exintendente de Villa Hayes) y el diputado Óscar (imputado). Ante el repudio generado por el manejo de millonarios fondos municipales sin control alguno y de manera ilegal, los Núñez delegaron la presidencia del ente a la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR cartista), pareja del diputado Éver Rivas (ANR, también cartista).
Luis Rachid, miembro del grupo de ciudadanos indignados, señaló que la Opaci actúa como una empresa privada que sin concurso ni licitación alguna para administrar la cosa pública, recauda entre G. 10.000 y G. 20.000 por cada perforación o gestión del registro de conducir en las 250 municipalidades de todo el país.
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