La Cámara de Senadores tiene hoy en sus manos la decisión de acabar de una vez con el grosero negociado de la Opaci con la expedición, renovación o cancelación de licencias de conducir. En el orden del día figura el tratamiento de la modificación de la ley que crea la Agencia Nacional de Tránsito, y el objetivo es retirar toda potestad a la mencionada ONG.
Tras casi un año de discusión, la Cámara de Senadores vuelve a tener en sus manos la decisión de acabar definitivamente con la grosera metida de mano de la Organización Paraguaya de Cooperación intermunicipal (Opaci), en el bolsillo del contribuyente.
Este organismo fue creado en la década del 60 para ayudarse entre municipios, pero se convirtió en una organización con fines de lucro que tiene como principal fuente de recaudación el cobro compulsivo a cada ciudadano por la expedición, renovación o cancelación de registros de conducir.
Documentos a los que tuvo acceso nuestro diario muestran que solo en el 2015 el organismo manejó un presupuesto de 45.000 millones de guaraníes. Nadie sabe en qué se destina ese dinero.
Con la creación de la Agencia Nacional de Tránsito, en el 2014, se creyó que la ONG se apartaría. Sin embargo, mediante maniobras políticas impulsadas en aquel entonces por el clan Núñez de Presidente Hayes (Basilio “Bachi”, asesor político del presidente Horacio Cartes y Ricardo), lograron sostener el negocio.
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