En el 2011, mediante maniobras se había transferido una estancia de US$ 3 millones del presunto narco Marcelino Colmán, pese a un embargo que tenía el inmueble. La Fiscalía culpó a Registros Públicos. Hasta ahora siguen las maniobras y la Corte no toma medidas.
En nota dirigida al entonces presidente de la Corte, Víctor Nuñez, el fiscal adjunto antidrogas Marco Antonio Alcaraz, informó de la transferencia de una estancia incautada a Colmán.
Alcaraz acusó que se dieron irregularidad en la Dirección de Registros Públicos, que desde entonces y hasta hoy continúa a cargo de Lurdes González. Dijo que en la sección interdicción se observaron anomalías en la causa número 894/2011, caratulada “Nery Pinazo Ricardi y otros s/sobre tráfico y otros”, a cargo del que era fiscal Francisco de Vargas.
“El fiscal interino Javier Ibarra (ya falleció), mediante nota del fecha 27 de abril de 2012, pone a conocimiento de la Fiscalía Adjunta que mediante resolución de juzgado penal de garantías número 5 se resuelve decretar el embargo preventivo sobre el inmueble de fina N° 73 padrón 207, distrito de Bella Vista Norte, inscrita a nombre de Marcelino Colmán Villeti, que se encuentra procesado en el marco de la causa más arriba mencionada”, refirió el fiscal adjunto.
Agregó que el embargo fue comunicado a la Dirección de Registros Públicos, mediante oficio N° 199, del 16 de noviembre de 2011.
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