Durante la argumentación de la condena a los exdirectivos de la Cajubi, se puso en evidencia que los exconsejeros actuaron con dolo total para producir un perjuicio patrimonial de unos US$ 48 millones, por medio de supuestas inversiones de alto rendimiento. La Caja perdió así más de US$ 170 millones, lo que pone en peligro el cobro de las pensiones por parte de los jubilados.
La extensa explicación del tribunal de sentencia del viernes último, para argumentar las condenas impuestas a los exdirectivos de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), se basó en la conducta dolosa y el total desinterés de los exconsejeros en conocer cuál era el destino de los millones de dólares cuya migración autorizaron hacia supuestas firmas extranjeras, para realizar inversiones.
La presidenta del tribunal, Mesalina Fernández, explicó que la ley de constitución de la Cajubi ordena que su patrimonio sea preferentemente invertido en el país.
Para realizar esta inversión existe un orden de prelación: en primer lugar se encuentra la seguridad, luego la rentabilidad y por último la liquidez.
“Lo primordial de estas tres condiciones es la seguridad. Los miembros del Consejo eran los encargados de cuidar del patrimonio de la Cajubi, pero no lo hicieron. Si no se invierte en condiciones apropiadas, a pesar de tener muchos ingresos, con el transcurso del tiempo se puede tener imposibilidad de pago, según dijeron los mismos analistas que declararon en el juicio”, refirió la jueza.
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