La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, el año pasado promovió acción de inconstitucionalidad para suspender los efectos de diversos artículos de la Ley 6873 de Presupuesto del 2022, con el fin de aumentar el financiamiento en el rubro de servicios personales y de evitar tener que rendir cuentas al Congreso de los más de G. 2.479 millones en gastos reservados que se le asignaron en el presupuesto del año pasado.
Sandra Quiñónez “diseñó” su propio presupuesto para Fiscalía
Los datos se desprenden del dosier que fue entregado por los senadores al futuro fiscal general del Estado, . En el documento elaborado por la senadora Desirée Masi (PDP) y su equipo técnico, realizado con base en las respuestas de informes, se menciona que la Fiscalía logró diversas excepciones en el cumplimiento de las normas presupuestarias.
Entre las excepciones está la suspensión que obliga a la financiación del grupo 100 (servicios personales) con créditos del mismo grupo, lo que le permite aumentar el grupo con cualquier objeto de gasto. Tampoco rige para la Fiscalía la prohibición de reducción de “servicios básicos”, subgrupo 350 “productos e instrumentales químicos y medicinales”.
En el documento, también se menciona que otra medida suspendida fue la de disponer de las vacancias en el anexo de personal, contratación de jubilados, las normas de aplicación para el retiro voluntario, la obligación de destinar los fondos de subastas de bienes públicos y la prohibición de contratar seguro de vida.
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