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partir de hoy funcionarios de la Dirección General de Seguridad y Tránsito de Hernandarias salen a las calles para iniciar una “cacería” de conductores infractores e indocumentados. Según se anunció, el operativo de control de vehículos se hará en diferentes puntos estratégicos de la ciudad con acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional y a conocimiento del Ministerio Público.
El objetivo es el irrestricto cumplimiento de las normas de tránsito y durante los operativos serán retenidos los vehículos que circulen sin chapas o cuyos conductores no puedan acreditar la propiedad de los mismos. Así también, el conductor que sea sorprendido sin la licencia de conducir será trasladado junto a su rodado al corralón municipal o al predio de la comisaría interviniente. La administración municipal advirtió que las sanciones a aplicarse pueden ser del tipo penal o administrativo.
Es una plausible iniciativa de las autoridades municipales, pero no debería haber sido una novedad. Es lo que corresponde que hagan los funcionarios públicos. Su obligación principal es hacer cumplir las leyes y garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. La responsabilidad primordial del Estado es proteger la vida de las personas y en ese sentido la seguridad en el tránsito representa un papel fundamental.
A diario en nuestras calles y rutas somos testigos del desprecio absoluto a la vida humana, por parte de motociclistas, automovilistas y conductores en general. Esto sucede por la absoluta inutilidad y complacencia, cuando no, corrupción de las autoridades. Se sabe, por ejemplo, que los policías de tránsito están expectantes de los infractores, no para que se éstos se adecuen a las normas, sino para sacarle dinero mediante la extorsión y la coima. Lo mismo sucede con los agentes de la Policía Nacional y de la Patrulla Caminera, lamentablemente.
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