La ocupación de la franja de dominio de las rutas 2 y 7 darían derecho al consorcio liderado por Sacyr a recibir compensaciones, en el marco de su contrato con el Estado. Hay más de 1.800 propietarios que aún no han sido indemnizados para salir. Hay un plazo para ello.
A lo largo del tramo de las rutas 2 y 7 que debe duplicarse por un contrato de Alianza Público-Privada (APP) hay más de 1.800 propietarios que deben ceder parte de sus terrenos, según estima el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La Cartera no está en condiciones de dar datos precisos porque el catastro no ha terminado, pese a que las obras, en el tramo en cuestión, deben comenzar en mayo del 2018. Si para entonces el tramo sigue ocupado, el consorcio Rutas del Este, liderado por la empresa española Sacyr, tendrá derecho a reclamar ajustes en su contrato.
Así establece la cláusula 42 del pliego de bases y condiciones, que forma parte del contrato, en la parte de “Compensaciones por actos sobrevinientes y reequilibrio económico financiero del contrato”. En otros países, Sacyr se ha valido de la misma cláusula para hacer reclamos millonarios a los estados contratantes, como en Chile por ejemplo, donde actualmente le reclama al Ministerio de Obras Públicas trasandino el pago de 140 millones de dólares en compensaciones, según publicó El Mercurio, de Santiago.
En Paraguay, el contrato dice que los ajustes por “reequilibrio económico” deberán hacerse anualmente, “tanto a favor como en contra de la administración”. Es causal de compensación a favor del consorcio, según el inciso 7 de esta cláusula, “el incumplimiento del Estado en la disponibilidad de los terrenos”, según reza.
La Ing. Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), confirmó que efectivamente la falta de liberación de la franja de dominio es una circunstancia en la cual el consorcio adjudicatario de las obras de duplicación tendría derecho a una compensación.
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