La Cámara Baja decidió aprobar el proyecto de ley que aumenta las penas por la sustracción de energía eléctrica, llegando a una expectativa de hasta 10 años de cárcel y la incautación de los equipos utilizados para tal fin. Según el legislador Derlis Rodríguez, la medida servirá para desalentar este tipo de hechos y reducirá el perjuicio a la empresa estatal.
Pese a la iniciativa, enfatizó que la institución deberían contar con un marco regulatorio para aprovechar las inversiones legítimas en criptominería u otros rubros con gran consumo energético.
“Hay mucha gente que quiere trabajar, no podemos estar cerrándoles esa vía”, reflexionó el legislador.
Leer la nota completa en Amambay News