El caso de Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, es un ejemplo categórico de cómo la debilidad de la justicia paraguaya y las complicidades políticas en el Congreso continúan erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El acuerdo que permitió a este joven suspender su causa por cobro indebido […]
El caso de Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, es un ejemplo categórico de cómo la debilidad de la justicia paraguaya y las complicidades políticas en el Congreso continúan erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El acuerdo que permitió a este joven suspender su causa por cobro indebido de honorarios, a cambio de la devolución del dinero mal habido y reparaciones sociales, es un triste recordatorio de cómo las élites políticas siguen gozando de privilegios en detrimento de la igualdad ante la ley.
Más preocupante aún es el efecto colateral de este arreglo: el blanqueo de la diputada Roya Torres, imputada por complicidad en los mismos hechos. Desde que inició su proceso judicial, la Cámara de Diputados se convirtió en un muro protector para Torres, negándose sistemáticamente a autorizar su desafuero, pese al clamor ciudadano y las evidencias presentadas por la Fiscalía. Esta actitud de blindaje político, liderada por figuras como el vicepresidente Pedro Alliana y respaldada por muchos de sus colegas, garantiza la impunidad no solo de Torres, sino de todo un sistema político...
El desenlace del caso de su hijo consolida esta protección. Con el pedido de desafuero archivado y su situación legal aparentemente resuelta, Roya Torres queda libre para retomar sus ambiciones políticas, incluyendo su candidatura a la intendencia de Presidente Franco. Este es un nuevo capítulo en la saga del “Clan Godoy”, una familia que ha hecho del poder su principal escudo contra la justicia.
El acuerdo procesal otorgado a Elías Godoy, aunque legal en su forma, es éticamente reprochable. Las organizaciones civiles y jurídicas, como la Coordinadora de Abogados del Paraguay y Somos Anticorrupción Paraguay, han señalado con razón que este tipo de decisiones debilitan los principios de justicia y transparencia. Permitir que un funcionario público, que fungía como “planillero” y cobraba salarios sin trabajar, salga del proceso con un castigo tan leve es un mensaje devastador: en Paraguay, la corrupción no solo se tolera, sino que se premia con salidas procesales cómodas.
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