Una de las formas en que se plantea este debate es la unificación, eliminación o creación de instituciones bajo los supuestos argumentos de eficiencia, ahorro, mejor coordinación o modernización. Sin embargo, la mayoría de las veces el objetivo encubierto es concentrar poder, limitar competencias, invisibilizar problemas o silenciar voces incómodas, sin que finalmente se demuestren una mayor eficiencia o mejores resultados. Si bien un megaministerio social podría, en teoría, diseñar políticas integradas que aborden el problema de forma holística, evitando que una familia deba recorrer instituciones diferentes para acceder a productos o servicios, el problema no es la desconcentración de competencias, sino la incapacidad de los funcionarios públicos de trabajar en forma coordinada desde la gestión hasta la provisión de servicios de manera oportuna e integrada. Sin carrera del servicio civil y sin compromiso de los políticos y de las altas autoridades, no hay reorganización del aparato estatal que culmine con una mejor gestión o con mayor eficiencia.
El tamaño y la forma del aparato estatal está siempre en el discurso político en Paraguay, pero pocas veces poniendo en el centro el debate sobre el desarrollo del país o el bienestar de las personas. Una de las formas en que se plantea este debate es la unificación, eliminación o creación de instituciones bajo los supuestos argumentos de eficiencia, ahorro, mejor coordinación o modernización. Sin embargo, la mayoría de las veces el objetivo encubierto es concentrar poder, limitar competencias, invisibilizar problemas o silenciar voces incómodas, sin que finalmente se demuestren una mayor...
Teóricamente, la racionalización del aparato estatal es un objetivo loable. Los proponentes de fusionar carteras esgrimen argumentos sólidos. El primero es el ahorro fiscal. Eliminar duplicidades libera recursos que podrían destinarse a inversión social o infraestructura. En un presupuesto público con tantas restricciones en áreas vitales como la salud, la educación, el saneamiento o la vivienda este argumento cala hondo en la ciudadanía.
El segundo argumento esgrimido es el de una mejor coordinación y eficiencia. Sin embargo, este también es un argumento falaz. Ni siquiera el problema más simple, como el de la pobreza monetaria, se resuelve desde la gestión de una sola institución. Si bien la respuesta es mayores ingresos, se requieren políticas laborales y de protección social, ámbitos que exigen el trabajo de múltiples instituciones públicas.
Si bien un megaministerio social podría, en teoría, diseñar políticas integradas que aborden el problema de forma holística, evitando que una familia deba recorrer instituciones diferentes para acceder a productos o servicios, el problema no es la desconcentración de competencias, sino la incapacidad de los funcionarios públicos de trabajar en forma coordinada desde la gestión hasta la provisión de servicios de manera oportuna e integrada.
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