La situación de los caminos vecinales del distrito de Carapeguá ya no es solo un problema de infraestructura: es el reflejo de una profunda desidia administrativa y de una peligrosa distorsión del rol de la Municipalidad. Tanto en el casco urbano como en las zonas rurales, los caminos se encuentran en estado calamitoso, intransitables y peligrosos para la ciudadanía, pese a que existe una obligación legal clara y expresa de atenderlos.
La Ley Nº 3966/2010 es contundente al establecer como función municipal la construcción, el equipamiento y el mantenimiento de los caminos vecinales rurales y otras vías de comunicación que no estén a cargo de otros organismos públicos. No se trata de una concesión graciosa ni de una tarea optativa, sino de un deber indelegable del gobierno local.
Sin embargo, la administración del intendente Luciano Cañete (ANR) optó por el camino más cómodo: trasladar esa responsabilidad a los propios vecinos.
Pobladores de diversas compañías y barrios denuncian una total inacción municipal. Las máquinas solo aparecen cuando los vecinos aceptan un sistema de “autogestión obligatoria”, que en la práctica significa comprar el ripio con recursos propios, desembolsando entre G. 2.500.000 y G. 3.000.000 por carga.
Esta exigencia no solo es injusta, sino abiertamente contraria a la ley. Los ciudadanos ya cumplen con su parte pagando impuestos; no están obligados a financiar, nuevamente, lo que el municipio debe garantizar.
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