MINGA GUAZÚ. La Contraloría Ciudadana de Minga Guazú solicitó ayer, mediante un amparo judicial, una respuesta concreta por parte del intendente Diego
MINGA GUAZÚ. La Contraloría Ciudadana de Minga Guazú solicitó ayer, mediante un amparo judicial, una respuesta concreta por parte del intendente Diego Ríos (Yo Creo) ante lo que consideran una presunta violación de la Ley de Transparencia 5282/14. Esta solicitud surge luego de que el ejecutivo municipal no proporcionara información detallada sobre el uso de fondos públicos, específicamente relacionados con la licitación 430801, que involucra una suma considerable de G. 190 millones en obras públicas.
Los solicitantes exigieron detalles específicos sobre cómo se gastaron estos fondos y en qué obras se invirtieron.
El primer pedido de informe, realizado el 2 de diciembre de 2023, recibió una respuesta escueta por parte del intendente el 18 de ese mes. Sin embargo, una solicitud de reconsideración para obtener información adicional fue ignorada por Ríos, lo que llevó a los miembros de la Contraloría Ciudadana a recurrir a instancias judiciales.
La respuesta inicial del ejecutivo municipal indicaba que los materiales adquiridos a través de la empresa JR se utilizaron en reparaciones menores en varios edificios públicos. Sin embargo, ante la falta de detalles específicos y copias de facturas pagadas a las empresas proveedoras y constructoras, la contraloría ciudadana decidió llevar el asunto ante la justicia.
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