Autoridades de universidades públicas manifestaron su rechazo al proyecto de ley que plantea eliminar las bonificaciones salariales para el ejercicio fiscal 2026, al considerar que la medida resulta inapropiada e injustificada para el sector académico.
En ese sentido, solicitaron a la Cámara de Diputados revisar el texto aprobado por el Senado y excluir expresamente a las casas de estudio de su alcance.
Durante una reunión con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, los rectores expusieron su preocupación por la inclusión de cargos universitarios dentro del paquete de funcionarios afectados por la normativa. Si bien reconocieron que la intención de la propuesta apunta a aliviar las presiones presupuestarias del Estado, cuestionaron que se haya equiparado a las autoridades académicas con cargos de naturaleza política.
Desde el sector sostienen que figuras como rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos no deben ser consideradas dentro del esquema de eliminación de bonificaciones, ya que no se trata de cargos políticos sino de funciones docentes que surgen de procesos internos en las propias universidades. Además, enfatizaron que estos puestos no forman parte de la denominada matriz salarial que rige para otros sectores del Estado.
El vocero del grupo y titular de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, explicó que quienes ocupan cargos directivos dentro de las universidades continúan siendo docentes y, en consecuencia, deberían mantener los beneficios vinculados a esa condición. Afirmó que la eliminación de bonificaciones en este ámbito no solo es desacertada, sino que desconoce la estructura y funcionamiento del sistema universitario público.
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