Una factura presentada ayer por el abogado de Óscar Chamorro Lafarja y una empresa de seguridad ligada a él demuestran que existió un pago a la productora que luego intentó sobornar a un periodista de ABC Color para “desinflar” publicaciones sobre una licitación del IPS. Ahora intentan deslindar responsabilidades.
El abogado Óscar Tuma, quien en estos días asumió la defensa de Óscar Chamorro Lafarja y de las empresas que componen Security Service Technology SA (SST) (juntamente con sus colegas José Fernández Zacur y Álvaro Arias), fue consultado sobre una factura que él mismo publicó en redes sociales.
Tuma manifestó que ese documento demuestra que la empresa SST Security Service Technology SA contrató los servicios del equipo de Bruno Masi (su razón social es Cerebro SA) para que llevara adelante una campaña publicitaria.
Según la factura, por ese trabajo SST pagó a Masi un total de G. 62.000.000. Coincidentemente, al periodista de nuestro diario Juan Carlos Lezcano se entregaron G. 40.000.000, como producto de “una equivocación de sobres”, según la versión de la socia de Masi en la productora, María Luz Peña, quien dijo que el otro sobre tenía G. 22.000.000.
Justamente, los números cierran al hacer la suma de ambos montos, pues dan exactamente el monto que SST dice que pagó a Bruno Masi.
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