Rechazan recusación contra Tribunal en juicio contra Arnaldo Giuzzio - PDS RADIO Y TV

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Un Tribunal de Apelación confirmó a los jueces Adriana Planas y Matías Garcete para integrar el Tribunal que debe juzgar al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por supuesto cohecho pasivo agravado por presuntos nexos con un narco brasileño. Los camaristas rechazaron la recusación del exministro y con ello podrá continuar el juicio por supuesto […]

Un Tribunal de Apelación confirmó a los jueces Adriana Planas y Matías Garcete para integrar el Tribunal que debe juzgar al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por supuesto cohecho pasivo agravado por presuntos nexos con un narco brasileño. Los camaristas rechazaron la recusación del exministro y con ello podrá continuar el juicio por supuesto cohecho pasivo agravado.

La recusación, promovida por el abogado Emilio Fuster, se dirigió contra los jueces Adriana Planás y Matías Garcete, argumentando la falta de imparcialidad en el proceso. Entre los fundamentos presentados, la defensa alegó que la magistrada Planás tenía un conflicto de interés debido a la actuación previa de Giuzzio en una investigación que involucró a su padre. Asimismo, sostuvieron que la continuidad del juicio a pesar de la admisión de una acción de inconstitucionalidad comprometía la objetividad de los jueces.

Sin embargo, tanto la magistrada Planás como el juez Garcete rechazaron estos argumentos, asegurando que no existían fundamentos que afectaran su imparcialidad. Además, la Cámara concluyó que la recusación carecía de elementos probatorios suficientes y que su propósito era meramente dilatorio, obstruyendo el desarrollo normal del proceso judicial.

El Tribunal de Apelación ratificó la competencia de los magistrados recusados y recordó que la conformación del Tribunal de Sentencia había sido aceptada previamente sin objeciones. En su fallo, también enfatizó que la recusación no puede ser utilizada como un mecanismo para interrumpir el juicio oral y público. La causa sigue generando atención pública, dado el perfil del acusado y la naturaleza del caso, que involucra presuntas irregularidades durante su gestión como funcionario del Estado.

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