El abogado Carlos Caballero, representante legal de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios “El Mensú”, ratificó este jueves su denuncia contra la jueza de Itakyry y San Alberto, Eresmilda Román Paiva, por la comisión de hechos punibles de Prevaricato, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Igualmente, la magistrada fue denunciada por supuestamente recibir US$ 100 …
El abogado Carlos Caballero, representante legal de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios “El Mensú”, ratificó este jueves su denuncia contra la jueza de Itakyry y San Alberto, Eresmilda Román Paiva, por la comisión de hechos punibles de Prevaricato, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Igualmente, la magistrada fue denunciada por supuestamente recibir US$ 100 mil para favorecer a los colonos brasileños.
Según los datos al respecto, Román Paíva ya tiene antecedentes de obrar a favor de los latifundistas, en el caso de las tierras de Santa Lucía, al norte de Ciudad del Este, ocurrido en el 2015, donde fue denunciada por el propio presidente del Indert, Justo Cárdenas, por favorecer a colonos brasileños y no a pequeños productores compatriotas.
“En la causa con mesa de entrada Nª 1817 de fecha 20 de julio de 2018, a los excelentísimos miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como mejor proceda en derecho, respetuosamente digo que vengo a ratificarme de la acusación contra la magistrada Eresmilda Román Paiva en todos lo puntos de acusación presentada en la fecha mencionada precedentemente”, dice parte del escrito presentado este jueves ante el JEM.
La jueza de Itakyry y San Alberto, Eresmilda Román Paíva, fue denunciada por dirigentes de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios El Mensú (Agromensu), ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), debido a que supuestamente recibió una coima de US$ 100 mil de parte de unos colonos brasileños, a quienes favoreció con un Acto Interlocutorio (AI), otorgándoles la adjudicación de una propiedad que esta siendo usufructuada por los de Agromensu y cuya titularidad, la tiene el Indert, según la denuncia.
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