Por Minerva Machado En un país donde la salud de la población debería estar por encima de cualquier interés comercial,
En un país donde la salud de la población debería estar por encima de cualquier interés comercial, sorprende y preocupa escuchar voces que critican las recientes medidas adoptadas por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) contra la cadena Biggie.
Quienes minimizan lo ocurrido parecen olvidar que no se trata de un error aislado, sino de un patrón sistemático y reiterado que expone a la ciudadanía —en especial a los niños— a riesgos reales y graves.
En apenas dos sucursales fiscalizadas se detectaron 251 productos vencidos. Y la lista no se queda ahí: alimentos sin fecha de vencimiento, productos adulterados, reetiquetados y hasta artículos con alerta sanitaria. El escenario es tan grave que, en el 100% de los locales inspeccionados, se hallaron infracciones. ¿De verdad alguien puede llamar a esto un “exceso” de control?
Este no es el primer roce de Biggie con la ley. Desde 2016, la empresa acumula expedientes y sanciones:
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