El abogado Guillermo Duarte, representante de la familia del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, asesinado durante un atraco al local del PLRA en la madrugada del 1 de abril de este año, dijo que seguirán insistiendo en la obtención de los registros telefónicos del entorno cartista que se comunicó insistentemente con el excomandante de policía Crio. Críspulo Sotelo, antes, durante y después del cuestionado ataque al local partidario.
Duarte indicó que si bien existe una reglamentación de la Conatel que obliga a las compañías de telefonía celular a guardar por seis meses los registros de llamadas entradas y salientes y las ubicaciones de las celdas, las empresas no están condicionadas a destruir la información.
El plazo de resguardo se cumplió ayer, a seis meses del hecho, y es una incógnita si esta herramienta podrá ser incorporada alguna vez a la investigación por homicidio.
La fiscala Raquel Fernández denegó pedir los registros. Indicó que la solicitud de la querella era “impertinente” e “improcedente” porque no se iban a conocer las conversaciones, por lo que no se va a poder saber si alguien dio la orden de ingreso al PLRA.
Pese a este revés, la querella pidió el control jurisdiccional y ahora está en manos del juez penal de garantías Paublino Escobar resolver si corresponde solicitar los registros a las telefonías. Además, la jueza en lo civil y comercial Mafalda Cámeron Luque tiene un pedido de intimación a las empresas de telefonías celulares para la remisión de los registros en un juicio de diligencias preparatorias para una demanda por indemnización de daños y perjuicios que entabló el Partido Liberal la semana pasada.
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