Casos como el de la niña Vivian Romina, de 3 años de edad, acribillada por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el distrito de Nueva Italia, y el del presunto capo narco Jorge Rafaat, ejecutado en Pedro Juan Caballero, en un atentado cinematográfico, revelan la ausencia de instituciones más o menos creíbles en nuestro país. No es que desconozcamos esa realidad, pero vivimos desentendiéndonos de ella, hasta que situaciones límites y dramáticas vienen a recordarnos.
Al confirmarse la muerte de la niña, Luis Rojas, ministro de la Senad, dejó el cargo, luego de reunirse con el presidente Horacio Cartes y de que este le aceptase su renuncia. No trascendieron detalles de lo que conversaron, porque en este Gobierno nadie se siente obligado a dar explicaciones a la opinión pública.
Rojas dijo al irse que lo ocurrido “es inexplicable”, lo cual constituye un absoluto despropósito, viniendo de un funcionario público a cuyo cargo está dar garantías a la población. Hubiese parecido más sincero decir que no podía dar explicaciones por cuestiones de seguridad del Estado o porque no se le daba la real gana.
Dirigentes y legisladores oficialistas intentaron exculpar de toda responsabilidad a Cartes con el peregrino argumento de que el Presidente “no jaló el gatillo”. En puridad, el presidente no jala gatillos, y tampoco construye obras, ni se ocupa de la educación ni de la salud de la población, sino que elige a quienes lo harán en nombre de su administración. Él es responsable de su inutilidad y/o irresponsabilidad.
No se le puede pedir a un mandatario que no haya problemas en el país o que sus colaboradores eviten cometer gruesos errores. Pero sí se le exige que, cuando ocurren hechos graves, brinde señales de que tiene la voluntad y la iniciativa para conducir al país con un rumbo firme. Este Presidente no da esa impresión.
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