El ingreso a prisión del ex gobernador colorado cartista del Departamento Central es un hecho anómalo en un país en el que la Justicia no acostumbra juzgar hechos de corrupción pública y normaliza la impunidad. Hugo Javier González fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, pero otros funcionarios también acusados de corrupción pública durante la pandemia del Covid han sido sobreseídos y recibieron medidas alternativas a la prisión o apenas están investigados. Hugo Javier González no es el ciudadano pobre y desvalido que va a Tacumbú por robar mandarinas o una gallina, ni será uno de los miles de presos aguardando por años una condena, relegado y olvidado por nuestro sistema de Justicia, pero no recibió el mismo trato que otros funcionarios acusados de corrupción pública. Asimismo, por la compra de materiales, insumos y productos de limpieza ante la emergencia del Covid-19, con sobrefacturación en ítems como detergentes, saturómetros, toallitas desinfectantes, entre otros rubros, que además fueron adquiridos a través de empresas de dudosa constitución, recién en setiembre del 2024 la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción imputó al intendente Óscar Nenecho Rodríguez por lesión de confianza y asociación criminal por compras presuntamente sobrefacturadas realizadas durante la pandemia, junto a otras 21 personas.
El ingreso a prisión del ex gobernador colorado cartista del Departamento Central es un hecho anómalo en un país en el que la Justicia no acostumbra juzgar hechos de corrupción pública y normaliza la impunidad. Hugo Javier González fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, pero otros funcionarios también acusados de corrupción pública durante la pandemia del Covid han sido sobreseídos y recibieron medidas alternativas a la prisión o apenas están investigados.
Puede parecer una victoria o una señal de cambio, pero no lo es en la medida que debería ser. El ingreso al penal de Tacumbú de un ex gobernador, condenado a 10 años de cárcel por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, se debe, según la vox populi, a que el poder le soltó la mano. Hugo Javier González fue condenado junto con otros cinco ex funcionarios de la Gobernación de Central, en la causa iniciada por el desvío de G. 5.105.600.000 de los fondos destinados a proyectos de reactivación económica, asignados para obras civiles y viales, en el...
La Justicia, como dijera alguna vez el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Hugo Javier González no es el ciudadano pobre y desvalido que va a Tacumbú por robar mandarinas o una gallina, ni será uno de los miles de presos aguardando por años una condena, relegado y olvidado por nuestro sistema de Justicia, pero no recibió el mismo trato que otros funcionarios acusados de corrupción pública. Esperamos, sí, que su caso sirva de lección para las generaciones futuras.
La actividad política tiene por objetivo fundamental mejorar la vida de los ciudadanos, cuando una autoridad electa, después de haber hecho promesas en su campaña electoral no las cumple, defrauda al electorado. Por eso, cuando se comprueba que ha hecho mal uso de los recursos públicos, en un país con tantas necesidades y desigualdad, sin dudar, debe ser juzgado con todo el rigor de la ley.
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