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El Gobierno de Pedro Sánchez impulsa una regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles mientras otros países endurecen sus políticas, apoyado en factores económicos, sociales y políticos.
España avanza en sentido contrario a la tendencia dominante en el mundo desarrollado, donde crecen las barreras a la inmigración. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó por real decreto una regularización extraordinaria para inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo.
La medida beneficia a quienes puedan demostrar al menos cinco meses de residencia en el país y no tengan antecedentes penales. El Ejecutivo evitó el debate parlamentario, donde el Partido Socialista no cuenta con mayoría, tras un acuerdo con la formación de izquierda Podemos.
La iniciativa se originó en una propuesta ciudadana respaldada por unas 700.000 firmas. Recibió el apoyo de diversas organizaciones sociales, asociaciones de migrantes y la Iglesia católica. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que la regularización es “necesaria” para responder a la realidad cotidiana.
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