El magistrado del Tribunal Supremo español que instruye la causa por el proceso independentista de Cataluña de 2017 ha aplicado al expresidente del Gobierno de esa región Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, la derogación del delito de sedición, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia.
Con la entrada en vigor de la reforma de Código Penal, criticada por la oposición, desaparece el delito de sedición, por el que fueron condenados nueve dirigentes independentistas catalanes y por el que la Justicia de España reclama a los huidos tras el proceso secesionista, y es sustituido por de desórdenes públicos agravados.
El magistrado Pablo Llarena, en un auto, dejó este jueves (12.01.2023) sin efecto las euroórdenes actuales por sedición que pesaban sobre el independentista Puigdemont, pero ordenó su busca y captura, así como la de los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig por malversación y desobediencia.
Llarena, además de dejar sin efecto las euroórdenes actuales por sedición, pospone su decisión de emitir nuevas euroórdenes y órdenes internacionales de detención contra Puigdemont, así como contra Comín y Puig, hasta que el Tribunal General de la Unión Europea decida sobre la eventual retirada de la inmunidad parlamentaria de los dos primeros, y hasta que el Tribunal Europeo de Justicia resuelva sobre una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo español. Pero sí acuerda una nueva orden nacional de busca y captura e ingreso en prisión para ellos por malversación y desobediencia.
El magistrado sostiene que la derogación plantea un "contexto cercano a la despenalización" de los hechos investigados, al no encajar en la nueva tipificación de desórdenes públicos, y entiende que los hechos de esta causa son subsumibles ahora en un delito de desobediencia.
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