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Proyecto de tren, con texto final - Edicion Impresa - ABC Color

Proyecto de tren, con texto final - Edicion Impresa - ABC Color

La Comisión de Legislación del Senado informó esta semana que, luego de meses de trabajo, finalmente se tiene un texto consensuado sobre el proyecto de ley para reactivar el tren de cercanías Asunción-Ypacaraí. “Felizmente, se han encontrado puntos intermedios de resolución de los distintos escenarios que se constituían en punto de conflicto tanto para: 1) los propietarios de inmuebles asentados sobre parte de la franja de dominio de las vías del tren, con título legítimo; 2) los arrendatarios de inmuebles municipales, que han introducido mejoras (construcciones de casas, locales comerciales u otros), y 3) los ocupantes precarios, que se han instalado en las vías o la franja de dominio sin poder acreditar hasta el momento derecho legítimo para ello”, señala el comunicado.

Proyecto de tren, con texto final La Comisión de Legislación del Senado informó esta semana que, luego de meses de trabajo, finalmente se tiene un texto consensuado sobre el proyecto de ley para reactivar el tren de cercanías Asunción-Ypacaraí. “Felizmente, se han encontrado puntos intermedios de resolución de los distintos escenarios que se constituían en punto de conflicto tanto para: 1) los propietarios de inmuebles asentados sobre parte de la franja de dominio de las vías del tren, con título legítimo; 2) los arrendatarios de inmuebles municipales, que han introducido mejoras...

Además, explica que se ha incorporado la posibilidad de que la franja de dominio del ferrocarril sea utilizado para implementar eventualmente otros medios de transportes masivos. Se fijaron también nuevos límites de ancho de la franja de dominio, al establecer que el ancho mínimo sea de siete metros a cada lado de las vías del tren para zonas urbanas y de diez metros en las rurales.

Asimismo, se definió que los recursos indemnizatorios requeridos para despejar la franja de dominio serán cargados al proyecto financiero del ferrocarril, “de forma que no afecte la sostenibilidad del Tesoro Público y garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas al uso y goce de la propiedad privada, a través del pago de las indemnizaciones o expropiaciones, en caso de que correspondieran”, puntualiza.

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Diario ABC
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