Cuando Patricia Samudio, presidenta de Petropar, llegó a la institución tenía stock de gas licuado de petróleo para 30 días, más un contrato vigente con un proveedor argentino. Alegó posible desabastecimiento y terminó comprando el producto de un intermediario local, Copesa, de Pedro Balotta, por valor de US$ 3,5 millones. Con la misma excusa, la de la urgencia, igual pudo importar, ya que máximo demora una semana, para lograr competitividad y no terminar pagando US$ 100 más caro por tonelada y, encima, beneficiando a su competencia y perjudicando al consumidor final.
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