La Procuraduría General de la República (PGR) defendió con éxito al Estado paraguayo ante la acción judicial planteada por la firma Tagua Pilot, quien
La Procuraduría General de la República (PGR) defendió con éxito al Estado paraguayo ante la acción judicial planteada por la firma Tagua Pilot, quien demandó una indemnización de USD 2.810.800 en concepto de daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance.
La denuncia de la referida firma fue subsidiariamente al Estado paraguayo, por una conducta imputada al señor Jorge Mancuello Benítez, en su carácter de Prefecto General Naval.
La empresa Tagua Pilot alegó ser dueña del remolcador “Espartano” y que el entonces Prefecto General Naval sancionó a la empresa Vessel Atlantica S.A. por el traslado irregular del remolcador “Espartano”.
Aunque luego dicha sanción fue revocada por la Prefectura, el tiempo entre la sanción y su revocación habría provocado un perjuicio económico al remolcador «Espartano», por no poder explotarlo comercialmente, hasta que se dispuso el levantamiento de la medida cautelar de amarre.
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