Desde semanas antes del primer examen, la controversia comenzó con la emisión de un comunicado que prohibía el uso de
Desde semanas antes del primer examen, la controversia comenzó con la emisión de un comunicado que prohibía el uso de calculadoras, dejando en jaque a aquellos que se habían preparado con cursillos y estudios particulares que, de repente, parecían casi inservibles.
El día del examen, el desorden se apoderó de las aulas. Las indicaciones para comenzar se retrasaron, y una vez iniciado el examen, los postulantes se enfrentaron a respuestas inconsistentes de los profesores encargados. Además, se reveló sorpresivamente un aumento del 100% en el número de preguntas, pasando de 20 a 40, sin previo aviso.
Las quejas de los afectados se vieron empañadas por la censura de la gobernación, que borró comentarios y bloqueó a quienes expresaron sus preocupaciones en las redes sociales. La falta de transparencia se acentuó al no publicarse el número de becas que la gobernación planeaba otorgar, generando un ambiente de desconfianza.
El 26 de enero, la situación alcanzó su punto álgido con la publicación de notas plagadas de errores notorios en las respuestas de las materias de Castellano y Matemáticas. Estos errores, sumados a la prohibición de calculadoras y el aumento en el porcentaje de aprobación, han desatado una ola de indignación entre los afectados.
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