Luego de más de dos años de iniciada la investigación tras denuncia presentada por directivos de una agroganadera, el fiscal Alberto Torres inició procedimiento penal contra el sospechado y lo puso a consideración de...
Luego de más de dos años de iniciada la investigación tras denuncia presentada por directivos de una agroganadera, el fiscal Alberto Torres inició procedimiento penal contra el sospechado y lo puso a consideración de la juez de garantías Cinthia Garcete. Por la tipificación, solicitó la aplicación de la suspensión de la ejecución de la prisión.
El sindicado es Jorge Gabriel Ferreira González, de 33 años, residente en la fracción San Lucas del barrio San José de Ciudad del Este, quien soporta proceso penal por estafa de 100 millones en perjuicio de los propietarios de la agroganadera Arielito, ubicada en el distrito de Minga Guazú. Acorde con los antecedentes del caso, el 15 de febrero de 2020, el procesado se presentó a las oficinas administrativas de la firma, pactando un negocio por la suma de G. 100 millones, emitiendo y entregando el cheque diferido nº 38640529, correspondiente a su cuenta personal en el Banco Regional.
Ferreira González, primero se ganó la confianza de los directivos de la empresa denunciante, realizando frecuentes negocios, siempre con utilización de documentos de pago con los que anteriormente no tuvo problemas. Con el monto señalado, retiró carne de cerdo que luego la comercializó. Llegado el momento de efectivizar el cheque, la firma lo presentó ante el Banco Familiar, donde desde la Cámara Compensadora le informaron que la cuenta había sido cancelada y, en consecuencia, lo sellaron y rechazaron.
El informe bancario, determinó el perjuicio económico considerable para la agroganadera, cuyos directivos intentaron en una seguidilla de oportunidad lograr un acuerdo de pago con el ahora procesado, pero el mismo se desentendió de su responsabilidad, por lo que se resolvió radicar formal denuncia contra el mismo. El banco Regional, confirmó que la cuenta de Jorge Gabriel Ferreira González fue cancelada con posterioridad a la entrega del citado documento de pago, justificando su sellado y rechazo por corresponder en derecho.
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