La mayoría vive en su burbuja y sostiene que tiene derecho a todos esos privilegios porque no son ciudadano común como ya lo dijo el diputado liberal, también de Alto Paraná, Carlos Portillo. Los que tomaron la decisión de renunciar a ciertos privilegios, recibieron el respaldo de la ciudadanía que aun tiene esperanzas en que alguna vez sus autoridades pisarán tierra y se desenvolverán de acuerdo a lo que el país le permite. Son autoridades de una población con mayoría pobre que necesita que los recursos públicos sean bien direccionados para por lo menos llevar una vida digna. No solo los legisladores deben renunciar a los privilegios, también lo deben hacer las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Cobró notoriedad en estos días que se desarrolla el Mundial de fútbol en Rusia, que la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, pidió permiso sin goce de sueldo, viajó a dicho país en vuelo comercial y pagó todos sus gastos de su bolsillo, para observar los partidos de su selección.
Casi paralelamente en nuestro país, los medios de prensa se hacían eco de un gasto superior a los G. 400 millones en los que incurrió la Cámara de Diputados para comprar regalos a los nuevos legisladores. Consistía en pines de oro y portafolios de cuero.
Este nuevo despilfarro enervó a la ciudadanía que, de hecho, ya está harta de los privilegios de los que gozan sus autoridades. Los legisladores, a más de percibir un salario 14 veces más que el mínimo establecido, apenas trabajan un par de días a la semana, tienen combustible gratis y un seguro médico de primer nivel. Todo sostenido con el dinero público. Sus viajes son pagados con dinero del Estado, además de llevar jugosos viáticos.
Algunos, no contentos con todos esos privilegios, tienen el tupé de hacer pagar al pueblo el sueldo de sus funcionarios particulares como son los sonados casos de los diputados colorados José María Ibáñez, Tomás Rivas y el senador Víctor Bogado.
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