Presidente ecuatoriano disuelve el Congreso | Radio Regional 660 AM

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Un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra, el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó este miércoles la conocida como “muerte cruzada”, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una “grave crisis política” derivada de la acción del Parlamento contra él. Menos de 24 horas después del inicio del juicio político, Lasso firmó un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones -“inmediatamente”, reclamó-. Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas para designar diputados y presidente para el período que resta de sus respectivos mandatos. Menos de 24 horas después del inicio del juicio político, Lasso firmó un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones -“inmediatamente”, reclamó-.

Un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra, el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó este miércoles la conocida como “muerte cruzada”, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una “grave crisis política” derivada de la acción del Parlamento contra él.

Menos de 24 horas después del inicio del juicio político, Lasso firmó un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones -“inmediatamente”, reclamó-. Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas para designar diputados y presidente para el período que resta de sus respectivos mandatos.

Menos de 24 horas después del inicio del juicio político, Lasso firmó un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones -“inmediatamente”, reclamó-. Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas para designar diputados y presidente para el período que resta de sus respectivos mandatos.

El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno.

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