La fiscal de la Nación de Perú presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista. “Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, señaló Patricia Benavides en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución. El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara. La denuncia se presentó el mismo día en el que la Fiscalía allanó la vivienda de una hermana de Castillo en busca de un sobrino suyo, a quien acusan de pertenecer la presunta banda criminal liderada por el mandatario.
La fiscal de la Nación de Perú presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista.
“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, señaló Patricia Benavides en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.
La denuncia incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia.
“Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, informó Benavides en redes sociales.
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