Javier Díaz Verón, quien fue fiscal general del Estado antes de Sandra Quiñónez, tuvo que renunciar a su cargo para enfrentar a la Justicia luego de haber sido imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pendía sobre él la amenaza de juicio político. El ex alto funcionario estuvo recluido en la cárcel militar de Viñas Cué desde el 5 de setiembre de 2018 hasta el 28 de febrero de este año cuando le fue concedida la prisión domiciliaria.
El juez Julián López fue quien dio la orden por razones de salud del ex fiscal general, para que este pueda someterse a un estricto tratamiento.
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