PARÍS. La justicia francesa debe decidir hoy si imputa y decreta eventualmente prisión preventiva para el fundador de Telegram, el franco-ruso Pavel Durov, tras su detención el pasado sábado que generó críticas en el mundo.
Al multimillonario de 39 años, detenido en el aeropuerto de Le Bourget al norte de París, se le acusa de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada.
La compañía, que cuenta con 900 millones de usuarios, aseguró que “cumple las leyes de la Unión Europea” y que “es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos”.
Telegram se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios, defendiendo la confidencialidad.
La mensajería cifrada desempeña un papel clave en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y es utilizada activamente por políticos y observadores de ambos bandos. Pero sus detractores acusan a Telegram de albergar contenidos a menudo ilegales, desde imágenes sexuales extremas a desinformación, pasando por servicios de compra de drogas.
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