El fiscal de Lavado de Dinero, Hernán Galeano, fue designado para investigar de oficio el caso de la entrega del Puerto de Villeta en usufructo oneroso al consorcio paraguayo-argentino PTP Group, que por un lado está formado por una empresa fantasma (Gregser) y por el otro, existen sospechas de lavado de dinero (PTP Warrant).
El contrato se firmó ya durante la presidencia del actual titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Héctor Duarte, pero la mayor parte de las negociaciones se llevaron a cabo durante la presidencia en la ANNP del hoy diputado liberal Fernando Nicora López Moreira.
Por el contrato, se cree de manifiesta ilegalidad, pues no fue aprobado por el Congreso, se entregó por 20 años el segundo puerto de mayor recaudación del país al consorcio señalado, por el pago de un canon anual de 5.000 dólares.
El consorcio se obligó a su vez a realizar inversiones en el puerto, que hasta la fecha no se concretaron, pero se queda con la recaudación.
La socia paraguaya en el consorcio, la empresa fantasma Gregser, fue creada por un funcionario de la Cancillería de nombre Santiago Servín, cuya renuncia aceptó la cartera el día de ayer, después de que saltara su nombre.
Leer la nota completa en Diario ABC
