Policía acusado por proteger a narcos | Diario Vanguardia

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De igual manera, tras la viralización del audio en las redes sociales, sobre la protección a narcotraficantes, una comitiva fiscal y de la SENAD intervino un establecimiento en la Colonia Nueva Conquista y destruyó 6 hectáreas de marihuana distribuidas en etapa de cosecha y de crecimiento. Además inutilizó 9 hectáreas de plantaciones ya cosechadas, 715 bolsas de marihuana picada, totalizando 17.875 kilos, 2 carpas de marihuana picada con un peso de 500 kilos cada una, otros 18.375 kilos de marihuana picada, 825 kilos de marihuana prensada, 19 campamentos, 16 prensas de madera, 19 zarandas, 4 paneles, 2 lanchas, 2 fumigadoras, 2 sembradoras y 20 gatos hidráulicos, también fueron destruidos.

El fiscal de Minga Porá, Víctor Adolfo Santander, formuló acusación contra el suboficial de la Policía Nacional, Marco Antonio Verdún Jara, por la supuesta comisión de los punibles contra el ejercicio de las funciones públicas (cohecho pasivo gravado) y contra la administración de justicia (frustración de la persecución y ejecución penal). De igual modo, el representante del Ministerio Público requirió la elevación de la causa a juicio oral. El acto conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías de Itakyry, a cargo de la magistrada Graciela Ortiz de Villalba.

Según la acusación fiscal, con los medios probatorios colectados en la fase inicial del proceso, se tiene la certeza que el acusado -quien se desempeñaba como titular de la subcomisaría número 48 de la colonia Nueva Conquista (Itakyry)- habría aceptado y recibido constantemente un beneficio económico proveniente del narcotráfico.

Supuestamente Verdún Jara recibía millonarias sumas de dinero de los narcotraficantes que cultivaban, acopiaban y prensaban grandes cantidades de marihuana, en las colonias Nueva Conquista y Naranjito de Itakyry, a escasos kilómetros de la subcomisaría, donde el mismo se desempeñaba como titular.

De esa manera, el agente policial dejaba impunes los hechos punibles sancionados por la Ley 1340/88 al no comunicar a las autoridades pertinentes, como ser el Ministerio Público, Poder Judicial, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), entre otras instituciones legalmente constituidas, para que inicien las investigaciones y repriman el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas. El citado uniformado presuntamente actuaba en complicidad de sus superiores.

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