Corre un nuevo proyecto legislativo que intenta frenar la distribución de multas entre funcionarios de Tributación, y destinar estos extras a rubros de salud y educación.
Mediante una modificación del artículo 239 de la Ley 2.421/2004 proponen destinar parte de estos cobros extras a contribuyentes por multas de defraudación (30%) para cubrir necesidades en salud y educación. El proyecto liderado por el diputado Óscar Tuma tuvo entrada el pasado lunes 31 de octubre.
En sus argumentos, el diputado cuestionó la disposición legal que permite a los funcionarios de la SET repartirse el 50% de las penalidades cobradas por casos de defraudación de impuestos al fisco. Aunque el texto propuesto que consta de tres artículos no menciona la exclusión de este beneficio taxativamente.
Alegó que el articulado 239 de la Ley 2.421/2004 ya cumplió la función que se esperaba para esa época cuando se introdujo la adecuación fiscal que supuso varios cambios operativos y ya que no se contaba con todos los avances tecnológicos con los que se cuentan actualmente.
“Hoy la informatización de la Administración Tributaria es una realidad. Se cumplió con la adecuación fiscal, motivo por el cual se justifica plenamente la modificación del artículo en cuestión”, señala parte de los argumentos del proyecto legislativo.
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