Supongamos que usted y yo queremos elaborar y vender panes. Yo elaboro y usted vende. Entre otras cuestiones, convenimos cuánto dinero invertirá cada uno, cómo usarlo, cómo se repartirán las ganancias y pérdidas.
Establecemos sistemas de control mutuo y qué haremos si una de las partes ya no quiere continuar en el negocio. Acordamos, incluso, estándares de calidad para los productos y, por cierto, especificamos mecanismos que certifiquen que el dinero de las ventas llegue a la empresa.
Intentamos que nuestros intereses individuales, los míos como socio y fabricante y los suyos como socio y vendedor, se vean contemplados. Y vamos más allá: procuramos proteger nuestros intereses comunes, los de la empresa, para que genere rentabilidad y se extienda en el tiempo. Sin embargo, siempre habrá cosas que no podamos prever.
No podemos anticipar de antemano, por ejemplo, qué haremos si una multinacional inaugura una renombrada panadería en la zona, o qué haremos si una severa sequía afectase al cultivo de trigo o si se declarase una huelga en la industria local de harina, situaciones que sin dudas afectarán los costos y puede que incluso, la calidad de la producción.
Aunque, pensándolo bien, al menos podemos establecer quién tendrá la última palabra respecto a la estrategia a adoptar ante imprevistos o contingentes y, en el peor escenario, hasta cuánto dinero estamos dispuestos a perder en nuestro emprendimiento.
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