El grave caso sobre sustracción de mercaderías, cometido por funcionarios de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) apostados en el km 49, en el distrito de Yguazú, debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público, llevando en cuenta que ya existe una denuncia formal ante la Policía Nacional (comisaría 1ª de CDE). Fuentes fidedignas aseguran que el propio director nacional de Aduanas, Julio Fernández, estaría protegiendo a los funcionarios por intermedio del director de la COIA, Miguel Ángel Zárate, quien, a su vez, supuestamente, libera a sus subordinados para cometer todo tipo de atrocidades en los diferentes puestos de control del país, principalmente en Alto Paraná.
El caso estalló el viernes último cuando funcionarios de la COIA apostados en el km 49, sobre la Ruta PY02, distrito de Yguazú, literalmente se apropiaron de nueve cajas de mercaderías, que eran transportadas en un vehículo de la empresa transportadora Trans Amambay Express. Si bien el chofer presentó facturas legales y demás documentaciones, el cargamento fue sustraído por los funcionarios Alberto López y Líder González, quienes actuaron con mucha prepotencia y ni siquiera se tomaron la molestia de elaborar un acta de incautación en el momento de su “operativo”, ya que supuestamente...
Los abogados de la empresa, cuya mercadería fue incautada, pedirán este martes la devolución de los productos y en caso de haber oposición pedirán a la Fiscalía y al juzgado el allanamiento del puesto aduanero del km 49. Así también, según los datos, Alberto López y su cómplice Líder González serán denunciados formalmente en la fecha ante el Ministerio Público. Si bien ya existe una denuncia policial, los abogados de la empresa afectada presentarán ante la Fiscalía los documentos que avalan que los funcionarios sin ninguna razón incautaron la mercadería.
Cabe agregar que el acta de incautación todavía no fue exhibida a los abogados que representan a los dueños de las mercaderías y tampoco se sabe dónde fue depositado lo requisado, por lo que los dos funcionarios se exponen a ser denunciados por apropiación, abuso de poder en la función pública y extorsión, atendiendo a que pidieron una coima de 8 mil dólares, a cambio de “subsanar el problema” y devolver lo incautado, conforme con la denuncia.
Por su parte, los funcionarios acusados, tratando de justificar su aberrante actuación, adujeron que las mercaderías podrían tratarse de productos falsificados, algo que no es competencia de los aduaneros controlar o juzgar; en todo caso, debieron solicitar la intervención del Ministerio Público, cosa que no hicieron.
Leer la nota completa en Amambay News
