Tanto el Ministerio Público como la víctima y querellante apelaron y pidieron la nulidad del sobreseimeinto definitivo a los policías, Víctor José Luis Velázquez Vera (38), Liz Marlene González Belotto (34) y Juan Javier Arévalos Sosa (25), otorgado por la jueza de San Lorenzo María Elena Cañete. El juzgado declaró “falta de certeza” porque la Fiscalía no agregó ciertas pruebas.
La jueza Penal de Garantías de San Lorenzo María Elena Cañete Acosta había dictado en setiembre pasado, a través de su AI N° 1.598, el sobreseimiento definitivo y la extinción de la acción penal en favor de los Víctor José Luis Velázquez Vera (38), Liz Marlene González Belotto (34) y Juan Javier Arévalos Sosa (25), quienes fueron imputados y luego acusados por privación de libertad, extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, frustración de persecución y ejecución penal, cohecho pasivo agravado y realización del hecho por funcionario público, por el fiscal Federico Delfino.
La jueza tomó esa determinación luego de analizar las actuaciones y observar que el fiscal del caso, Federico Delfino, no había diligenciado dos pericias -caligráfica e informática a los celulares de los policías- que había indicado el fiscal Adjunto Marco Alcaraz en su pedido de sobreseimiento provisional. Por ello, declaró la falta de certeza y dictó el sobreseimiento definitivo y extinguir la acción penal.
“Además; asimismo se verifica que ha ofrecido las declaraciones testimoniales enumeradas del 01 al 14 y autorizadas en el A.I. respectivo, ofreciendo además los testimonios enumerados en los puntos 4 al 7 del requerimiento acusatorio, sin embargo, no obra ni tan siquiera citación alguna a dichos testigos, por lo que esta magistratura no puede determinar la pertinencia, conducencia y utilidad que dichos testimonios; por lo que en este momento, habiéndose agotado la etapa investigativa, ya no es posible incorporar elemento alguno”, argumentó la magistrada en otra parte de su resolución.
La agente fiscal Ruth Benítez, quien interina al fiscal Delfino que está recusado, y el abogado Giovanni Valenzuela que la querella en representación de una de las víctimas Osvaldo Ramón Peralta Acosta, formularon apelación contra la resolución de la magistrada y solicitaron la anulación de la misma o su revocatoria.
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