El empresariado tiene puestas las expectativas en el gobierno a ser elegido en abril próximo. En tal sentido, entre otros puntos, pide que las nuevas autoridades respeten el Presupuesto General de la Nación (PGN) y que limiten los gastos corrientes. Instan a evitar conflictos como los que hubo durante la gestión de Horacio Cartes.
El vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella, fue consultado ayer por nuestro diario acerca de lo que espera de las autoridades a ser electas, en los diferentes niveles que hacen a la agenda nacional. Respondió que en lo que respecta a déficit fiscal, hay una preocupación de los empresarios, sobre todo considerando que la mayor parte del PGN se destina a gastos corrientes.
En el 2016 se registró un 78% de gastos corrientes sobre el PGN, señaló, mientras que para el 2017 la cifra aumentó a 92%. “Entonces, si no modificamos este déficit, si no empezamos a achicar el Estado, controlar las compras estatales y la gran cantidad de funcionarios que trabajan en el sector público con salario promedio de 1.000 dólares, es muy difícil que ningún tipo de impuesto pueda alcanzar. Esto al final lo vamos a terminar pagando todo el sector empresarial, porque no van a encontrar otra fórmula (para calzar el Presupuesto) que creando nuevos impuestos o tocar los impuestos...
Tavella insistió sobre la cuestión tributaria. A su criterio, es fundamental definir qué tipo de impuestos se tendrán y reglas claras, de modo que no ocurra lo que pasó con el impuesto a la renta personal (IRP) en el Gobierno actual. “Habría que ver una mesa de diálogo entre el sector empresarial, el Gobierno saliente y el entrante, sobre todo trabajar en una nueva ley de IRP que mantenga la deducibilidad de las inversiones, porque esta es una forma de marcar el desarrollo de un país”, dijo. Desde la UIP, al mismo tiempo, solicitan que no se paralice la economía en períodos pre y poselectoral.
“Cuando asumió el actual Gobierno, se paralizó la economía, porque entre abril y agosto prácticamente nos comemos medio año y cuando asumen las nuevas autoridades, revisan lo que hizo la administración anterior y no se abre ningún tipo de licitación porque presiona al gobierno saliente para que no se sigan lanzando llamados”, añadió.
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