SAN LORENZO. Estudiantes y docentes del Centro Regional de Educación Saturio Ríos repudian a la Dirección de Anticorrupción del Ministerio de Educación y se declaran en estado de alerta, porque no respetan el trabajo de los interventores.
Es debido a que dicha dependencia realizó un pedido de informe dirigido a los interventores, que recorrió todos los grupos y luego de varios días recién les llegó.
El presidente del Centro de Estudiantes, Cristhian Ferreira, y la representante local de la Unión Nacional de Educadores, Nancy Esquivel, refirieron que curiosamente nunca los interventores tuvieron respuestas respecto a los informes de irregularidades elevados al MEC. Sin embargo, cuando la directora de la escuela Franklin Delano Roosevel, Liliana Casamada, denunció a los mismos porque le estaban dejando sin docentes, urgieron informes.
Coincidieron en afirmar que se puede entender como parcialismo que el pedido de respuesta a la denuncia le llegó a la propia denunciante, y a todos los grupos que integran el CRESR, y último a los destinatarios. Lo más lamentable es que los interventores había elevado denuncias sobre la directora por maltrato a docentes y escolares, pero nunca se tomaron medidas.
Señalaron que la directora tiene más de 118 denuncias por maltrato, discriminación a docentes y niños que no pueden defenderse. Como sindicato, dijo la representante de la UNE que hicieron la denuncia a Asesoría Jurídica y paralelamente la intervención hizo la denuncia de los casos, solicitado la separación del cargo de la misma a fin de que un equipo interventor se constituya para investigar los supuestos hechos.
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