Con el otorgamiento a favor de Petropar del monopolio parcial (mínimo 50%) en la importación de gasoil tipo III (común), nafta virgen y nafta de 85 octanos y el monopolio parcial en la venta de dichos carburantes, la estatal tiene incluso la atribución para restringir “a su gusto” la concesión de la licencia previa de importación a sus competidores del mercado. El ente es el que debe informar al respecto al MIC para que esta última autorice.
A través de decretos y resoluciones dictados en el actual gobierno, como ser los decretos N° 2999/15 y N° 3324/14; N° 2436/14 y las resoluciones N° 499/15; 1067/15 y 430/16, tanto el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Petropar obligan a las distribuidoras de combustibles y plantas de almacenamiento privadas, a comprar exclusivamente de Petropar, con lo que se concreta el monopolio parcial en el gasoil tipo III (común), nafta “económica” y gasoil bunker. Y no solamente se restringe la capacidad de importación de las empresas privadas en su conjunto, en un 50% del volumen total de los...
En contrapartida, se le concede a Petropar la potestad de decidir qué empresa y en qué volumen puede importar los combustibles cuya importación no es libre desde que este Gobierno le concedió el monopolio parcial a Petropar.
Con este escenario, Petropar es el que puede restringir “a su gusto” la capacidad de importación de sus principales competidores, generando una competencia desleal en el mercado, con un marco legal preparado exclusivamente para favorecer a uno solo de los competidores, que en este caso es la petrolera estatal.
Esta situación igualmente se presta a potenciales hechos de corrupción, porque la petrolera estatal tiene la atribución, con este escenario normativo, para la aprobación o no de los pedidos de licencias previas de importación solicitados por cada uno de los emblemas, y que deben ser concedidos por el MIC, una vez aprobados por Petropar. Esta “autorización” se concede tras informar la petrolera estatal si el emblema privado que pide autorización para importar adquirió o no el volumen exigido por los cuestionados decretos (que corresponde al 50%).
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