Ahora que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, parece estar cerrando todos los caminos para una resolución pacífica de la crisis de su país, la comunidad internacional debería presionarlo de manera mucho más enérgica para que permita un referéndum constitucional este año. De lo contrario, es probable que veamos una crisis de refugiados venezolanos que afectará a toda Latinoamérica.
Caracas es ya la ciudad más violenta del mundo, y Venezuela tiene la inflación más alta del planeta —720 por ciento anual—. Y es a su vez el país con una población cada vez más desesperada por la escasez generalizada de alimentos y medicinas. Algunos analistas como el ex jefe del departamento latinoamericano del Departamento de Estado de EE.UU., Roger Noriega, están advirtiendo que la creciente violencia en Venezuela podría conducir a una crisis de refugiados como la de Siria.
Podría haber cientos de miles, tal vez millones de venezolanos pidiendo asilo en los países vecinos, afirman. Ya hay más de 1,5 millones de personas que han abandonado el país desde que el difunto presidente Hugo Chávez comenzó a destruir Venezuela en 1999, según un estudio del 2014 de la Universidad Central de Venezuela.
Hasta ahora, la administración de Obama, la Unión Europea y las democracias latinoamericanas habían apostado a una mediación entre Maduro y la oposición impulsada por Unasur y encabezada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Pero esa mediación ha sido una pérdida de tiempo total, y solo ha ayudado a que Maduro gane tiempo.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, ha eliminado prácticamente toda posibilidad de una salida pacífica al inventar presuntas dificultades técnicas para impedir que se lleve a cabo el referéndum revocatorio exigido por la oposición antes del 10 de enero. Según la ley, si el referéndum revocatorio se celebra después de la mitad del mandato presidencial actual —el 10 de enero— y Maduro pierde, no habría elecciones generales, sino que el vicepresidente de Maduro cumpliría el resto de su mandato hasta el 2019.
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