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Pedidos de prisión, medidas alternativas y rebeldía en causa por invasión de inmueble

Pedidos de prisión, medidas alternativas y rebeldía en causa por invasión de inmueble

La gráfica muestra un momento del procedimiento fiscal-policial. Hay 11 procesados en el caso y el número podría sumar.  Once imputados es el saldo provisional de un desalojo efectuado por la agente fiscal Zunilda Ocampos en el barrio San José de Ciudad del Este, oportunidad en que se ordenó la d

La gráfica muestra un momento del procedimiento fiscal-policial. Hay 11 procesados en el caso y el número podría sumar.

Once imputados es el saldo provisional de un desalojo efectuado por la agente fiscal Zunilda Ocampos en el barrio San José de Ciudad del Este, oportunidad en que se ordenó la detención del conocido abogado de invasores, José Gil López, por instigar al desacato. La imputación por invasión de inmueble afecta a Lorenzo Saldívar, presunto cabecilla de invasores en diferentes puntos del departamento y procesado en unas cinco causas con carátulas similares; Humberto Díaz, Viviana Ramírez, Marcos Villalba Duarte, Lizandro Daniel Ruiz Díaz, Pascual Garcete Ruiz Díaz, Blas Manuel Galeano Zarza,...

Curiosamente, todos fijaron residencia en diferentes puntos de la ciudad, fortaleciendo la teoría de que son parte de un lucrativo “negocio”, según denuncia de los mismos ocupantes, quienes realizan desembolsos a favor de los cabecillas de las invasiones. La propiedad en cuestión, identificada como finca 491, ubicada en el barrio San José, pertenece a Adolfo Luis Samaniego Bazán, conforme afirmaciones documentales de los registros públicos.

La causa fue abierta el 10 de abril de 2.018, tras la denuncia formulada por el propietario, quien presentó todas las documentaciones que lo acreditan. Sin embargo, los instigadores de la invasión, bajo engaños, hicieron que los invasores permanezcan durante casi tres años en el sitio, tiempo en que eran obligados a efectuar pagos semanales o mensuales, según la descripción del acta de imputación. Los ocupantes ilegales utilizaban conexiones clandestinas del servicio de energía eléctrica, por lo que fueron convocados al lugar del procedimiento, funcionarios de la ANDE para desactivarlas.

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