El fiscal adjunto Edgar Moreno, en representación de la Fiscalía General, rectificó el pedido de desestimación de la denuncia contra Dany Durand por estafa, que había solicitado el fiscal Eugenio Ocampos. Moreno afirmó que “el requerimiento presentado por el agente fiscal interviniente carece de sustento jurídico suficiente para tomarlo viable”. La jueza de Lambaré, Ana Esquivel, se había opuesto al blanqueo de Durand, en un caso en donde la víctima pagó 220 cuotas, en total G. 40.000.000, a Mocipar Propiedades y fue engañado. Ocampos, en este caso es la contra cara de los fiscales que hicieron y hacen un trabajo digno como representantes de la sociedad.
En su dictamen, Moreno explica que en noviembre de 2012, Fernando Román Fernández, representante de la firma Mocipar Propiedades SA, habría firmado un acuerdo individualizado como contrato Nº 726 del Consorcio Plan de la Vivienda con Luis Alberto Núñez Avila Rahi, por medio del cual se formó un grupo de adherentes a un compromiso de compra-venta de una casa, Núñez abonó 220 cuotas mensuales, sumando G. 40.000.000.
Posteriormente, en enero de 2018 ambas partes celebraron un nuevo contrato por 24 meses con una cuota de G. 170.000 al mes, que fueron pagados por Núñez. También en el mes de noviembre de 2018, Guadalupe Araceli Aquino le transfirió a Núñez su plan de Mocipar Propiedades para que siga pagando y así acceder al plan adquisición de un dúplex. Sin embargo, ninguno de estos acuerdos, habrían sido cumplidos por la empresa, situación que habría ocasionado un perjuicio patrimonial a Núñez.
El Ministerio Público realizó varias diligencias y actos de investigación tendientes a la resolución del hecho denunciado. Entre ellos, se tuvo la declaración de la víctima, informe de la sindicatura de quiebras, que señaló que Mocipar Hogar no fue declarada en quiebras y se agregó el contrato de la firma con la víctima.
“Analizadas las constancias obrantes en autos, es criterio de esta representación del Ministerio Público que el requerimiento presentado por el agente fiscal interviniente carece de sustento jurídico suficiente para tomarlo viable, motivo por el cual se solicita su rectificación y se sugiere la prosecución de las investigaciones”, manifestó en su dictamen el fiscal adjunto, Edgar Moreno.
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