A través de un memorando de entendimiento entre operadores móviles, Conatel y el organismo GSMA, Paraguay se adhirió desde ayer a la lista de más de 40 países que comparten información sobre celulares robados. Con esto, un teléfono con IMEI que haya sido bloqueado a nivel local ya no podrá ser reactivado en otros países.
Paraguay ya contaba con una base nacional de los IMEI bloqueados tras robos (siglas de “International Mobile Equipment Identity”, que es la identificación única de cada teléfono), pero esta solo servía a nivel interno. De la citada lista participan las operadoras Personal, Claro, Tigo y Vox, de tal modo que si un usuario de cualquier línea reporta el hurto de su celular, las compañías puedan bloquear el IMEI e inutilizar el aparato, al menos para los servicios de llamadas, mensajes de texto y red móvil (aunque podría seguir siendo usado sin chip, vía WiFi).
Juan Carlos Pepe, presidente de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay, reconoció que la base de datos no es una “solución definitiva” ante la inseguridad, sobre todo porque se necesita la colaboración de los usuarios y estos no siempre reportan los hurtos ni piden el bloqueo de los móviles. Añadió que, aún así, las compañías no están ajenas a colaborar con el combate al flagelo.
“Sabemos perfectamente que los teléfonos celulares son masivos, cada uno tiene uno o dos, y que son un blanco apetecible para los delincuentes y por eso estamos acá, prestando toda nuestra colaboración a tipo de herramientas; medidas que atacan este flagelo del robo de celulares que genera innumerables problemas de violencia, más allá del robo en sí”, señaló Pepe ayer en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en el acto de firma de memorando de entendimiento con el GSMA.
En el encuentro estuvieron los representantes de dicha asociación que aglutina a todas las compañías de telefonía móvil, quienes explicaron el alcance de este trabajo internacional y la adherencia de nuestro país, que denominaron “Nos importa Paraguay”. Lucas Gallito, director de Políticas Públicas, y Paula Ferrari, directora de Marketing del organismo para América Latina, resaltaron la importancia de la colaboración público privada entre los gobiernos, operadores, fabricantes y usuarios para lograr un combate más eficiente al robo de los móviles.
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